En un completo informe publicado hoy por el diario El Tiempo, se revela la preocupación del Gobierno central ante la creciente alza de venezolanos que han sacado de forma regular e irregular documentos colombianos como el Registro Civil de Nacimiento y posteriormente, la Cedula de Ciudadanía.

Según la información del rotativo, la pandemia logro frenar la oleada de venezolanos de origen colombiano y colombianos radicados en la nación vecina que venía a registrarse con el propósito de ubicarse legalmente en el país, aunque recientemente se evidenció, de acuerdo a la información del diario, que la mayoría de quienes hacían este trámite, lo hacían por mecanismos fuera de la ley y una vez obtenida la documentación colombiana, regresaban a Venezuela.

Esta situación prendió las alarmas de la Organización Electoral, al igual que de la Registraduría Nacional, Migración Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional; al considerar esta situación como un riesgo para la Seguridad Nacional, luego de que fuentes de inteligencia reportaran hace más de un mes a Palacio de Nariño de un aparente plan del régimen venezolano presidido por Nicolás Maduro para permear las instituciones nacionales y afectar las elecciones presidenciales del año 2022 a favor de candidatos que apoyen el proyecto socialista latinoamericano de Hugo Chávez y que representa Maduro.

De acuerdo al informe, el régimen venezolano habría infiltrado la Registraduría junto con mafias criminales para otorgar registros civiles y cedulas auténticas de manera ilegal, haciéndose de una red de funcionarios coludidos que facilitan este trámite y hacen todo el proceso para que pase inadvertido.

A través de esta estructura, han ofrecido documentos colombianos originales a varias personas provenientes de la nación bolivariana, así como integrantes de las FANB (Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela), de la FAES (organismo militar venezolano considerado como “la policía secreta de Maduro”), jefes de grupos criminales y personas originarias de países árabes, de los cuales se presuman provengan de células terroristas como Hezbollah o Al-Fatah.

Esta situación anómala ya tuvo sus primeros efectos fuera de nuestras fronteras: el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos restauró la solicitud de visa para los compatriotas que quieran ingresar a la nación de Oriente Medio, luego de que varias personas de distintas nacionalidades fueran capturadas por las autoridades emiratíes cometiendo distintos actos criminales y con el porte de documentación colombiana que, aunque genuina, fue adquirida de forma ilegal.

Ante la gravedad de esta situación, el Presidente de la Republica, Iván Duque Márquez ha estado reuniéndose con el registrador Alexander Vega, con el fiscal Francisco Barbosa, el director de la Policía, General Óscar Atehortúa, el director de Migración Colombia Juan Francisco Espinosa y con integrantes de la Dirección Nacional de Inteligencia –DNI- con el fin de crear un plan de choque que contrarreste las acciones de la dirigencia del país vecino que buscan afectar la institucionalidad nacional.

Frente a esto, la Registraduría ya inicio con una severa auditoria a muchas oficinas de la entidad así como a notarios y registradores seccionales que han facilitado este trámite, que de acuerdo con la publicación ofrecen los documentos de identificación de nuestro país (registro civil, cedula de ciudadanía, visa y pasaporte colombiano) por un costo de entre 50 y 100 millones de pesos.

De acuerdo con los últimos informes de la Registraduría, el registro de colombo-venezolanos y venezolanos refugiados en el país se incrementó entre el 2017 y lo que va corrido del 2020 de 22.147 personas a más de 568.825, de las cuales 379.334 ciudadanos del país vecinos están incluidos en el Censo electoral colombiano y puede ejercer su derecho al voto en los próximos comicios legislativos y presidenciales.

De acuerdo con peritos indagados por El Tiempo, dicho margen puede alterar los resultados de una votación teniendo en cuenta que por este mismo margen se convocó la última segunda vuelta presidencial en las elecciones del 2018. La estrategia que puede implementar el Poder Electoral es de suspender la Inscripción de Cedulas para los próximos comicios o implementar estrictas medidas de biometría para evitar el fraude y la suplantación en el proceso previo a la jornada electoral que se llevara a cabo a mediados del 2022.